Una de las características del sistema de separación de poderes que impera en las democracias formales es la existencia de contrapesos. La idea es que los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) sean independientes, sí, pero puedan ser controlados por los otros.

En nuestro país ese control, más o menos efectivo, existe en el caso de los poderes legislativo y ejecutivo. Al Gobierno lo controlan el Parlamento y la Justicia. Al Parlamento, la Justicia y el propio Parlamento. Se podría argüir que este último control no es válido porque sus señorías se controlan a sí mismas. Y eso es cierto cuando se forman mayorías absolutas de un solo partido o de un conjunto de partidos que están en perfecta sintonía. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en la Asamblea madrileña en la que el PP y VOX han unido sus fuerzas para evitar una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias de mayores durante el confinamiento. También ha ocurrido algo semejante en el Parlamento estatal con la unión PSOE-PP-VOX-C’s para evitar que se investiguen delitos presuntamente cometidos por el rey emérito.

Sin embargo, si las mayorías son suficientes para gobernar, pero no tan homogéneas como para mirar a otro lado cuando conviene, el control de Parlamento a sí mismo sí es eficiente. Por eso, aunque las mayorías absolutas resulten cómodas, suelen presentar problemas de déficit democrático por la ausencia casi total de contrapesos.

Pero ¿cuál es el contrapeso del poder judicial? Los órganos de poder de los jueces son nombrados por el Parlamento, sí, pero ahí se acaba todo. Y si un partido, como actualmente el PP, se siente cómodo con la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no tiene más que bloquear su renovación. ¿Pude existir un comportamiento menos democrático? ¡Por supuesto! Y en estos días podemos ver ejemplos gravísimos.

Por otro lado ¿existe un poder más chapucero que el judicial? En mi humilde opinión no. Lo que unos jueces aprueban en Cataluña, otros, usando las mismas leyes, lo rechazan en Andalucía. Lo que un juez de primera instancia sentencia es corregido por los de instancias superiores. Y no estamos hablando de escasas excepciones. Es el día a día. 

¿Se imagina usted que en una planta de El Corte Inglés la persona responsable decidiera que el horario de sus empleados es uno y fuera otro en una planta diferente bajo la responsabilidad de un jefe distinto? Y todo se complicaría más si después el responsable de un centro comercial concreto echara por tierra los horarios de sus jefes de planta e impusiera uno totalmente distinto. Pues eso es lo que ocurre día sí y día más aún con la Justicia.

Pero hay otra diferencia aún mayor del Poder Judicial con respecto al resto de poderes. Mientras no los insulte, usted puede opinar lo que quiera de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Isabel Díaz Ayuso o su fámulo Pablo Casado. Puede criticar abiertamente sus decisiones y calificar estas de absurdas, incoherentes, injustas o cosas más fuertes. Puede pedir que dimitan, que se dediquen a pasear perros o emigren a Laponia. Seguramente, yo podría decir lo mismo con respecto a un juez porque este blog solo lo leen un puñado de amigos, pero atrévase a escribir un tweet que, por el motivo que sea, tenga una amplia difusión y verá que las consecuencias serán graves e imprevisibles. 

No. No se puede decir prácticamente nada de los jueces o de sus decisiones. Lo más que se puede es esperar que otros jueces (como en el caso de los jueces de «la manada») rectifiquen sus decisiones. Pero las decisiones judiciales se respetan y se acatan. Las gubernamentales y parlamentarias se acatan, pero no se tienen porque respetar. En cambio las judiciales no solo se deben cumplir. Además hay que hacerlo con buena cara y, como digo, esperar que otro juez de más alto rango la tumbe.

Pero ¿qué pasa cuando ya no hay jueces de más alto rango? ¿Qué pasa cuando el Tribunal Constitucional (TC) dicta una sentencia a todas luces injusta? Pues ya se lo puede imaginar: No queda otra que acatar y respetar. Aunque la sentencia sea un despropósito mayúsculo que puede tener efectos gravísimos sobre el control de futuras situaciones como la que hemos vivido y estamos viviendo.

La reciente sentencia del TC sobre el estado de alarma que decretó el confinamiento de marzo de 2020 se basa en dos afirmaciones carentes de sentido. La primera es que el gobierno no limitó, sino que suspendió derechos fundamentales y que eso solo puede hacerse con el estado de excepción y no con el de alarma. ¿Cómo puede una persona con un mínimo de inteligencia afirmar eso? Durante el confinamiento se pudo salir a la calle para trabajar, para comprar, para atender a mayores e incluso para sacar a pasear al perro. ¿Es eso una suspensión o una limitación? El diccionario de la RAE define suspensión de garantías como «Situación anormal en que, por motivos de orden público, quedan temporalmente sin vigencia algunas de las garantías constitucionales.» ¿Es el lenguaje jurídico diferente del académico? Sin duda sí, pero en este caso parece que el académico se ajusta al jurídico perfectamente, ya que el TC afirma que se debió usar el estado de excepción porque se suspendieron garantías constitucionales y porque el motivo de esa suspensión era de orden público. 

Sin embargo, el sentido común nos dice que no hubo motivos de orden público, sino una pandemia (que es uno de los motivos legales para declarar el estado de alarma) y que no hubo suspensión de garantías, sino limitación de estas. 

Incomprensible, pero como el TC carece de contrapesos, así se quedarán las cosas. Y aunque la sentencia ate al gobierno de pies y manos frente a futuras pandemias, sus señorías (seis de las once que componen en este momento el TC) dormirán tranquilas. Lo mismo que Díaz Ayuso sin ver perturbado su sueño por el recuerdo de los mayores que murieron en sus residencias sin recibir atención médica.

Este país necesita un cambio radical. Políticos a los que les importe el interés general y jueces verdaderamente imparciales e independientes de intereses políticos. Mientras eso no ocurra, no estaremos a salvo y, paradójicamente, este país se parecerá, como una gota de agua a su gemela, a la Venezuela que nos pinta la derecha.

PS. Por si acaso esta entrada tuviera más difusión de la esperada, obsérvese que en ningún momento he hecho afirmaciones como que los seis jueces que votaron a favor de la sentencia del TC sobre el estado de alarma lo han hecho por motivos ideológicos de proximidad a VOX y no jurídicos. O que el gobierno haría bien, si se repitiera la necesidad, en ser insumiso y volver a solicitar la declaración de estado de alarma y el confinamiento basado en él.

Tampoco he dicho que la Comunidad de Madrid es la que más fallecimientos por COVID tenía registrados hasta el 15 de julio de 2021 (15 494 personas) y tenía, a 23 de julio, el segundo porcentaje más alto (0,127 %) de mortalidad por COVID detrás de Castilla La Mancha (0,149 %) y más del doble que la media nacional (0,061 %). O que solo Canarias (47,8 %) había vacunado (a fecha 13 de julio) a un porcentaje menor de población que Madrid (48,3 %) frente al 53,4 % de media en el país. E, incomprensiblemente, Díaz Ayuso habla de la pésima gestión del gobierno con relación a la pandemia. Y, más incomprensiblemente aún, cientos de miles de madrileños que han sido víctimas del desgobierno de Ayuso la han votado en las últimas elecciones.

¡Hay tantas cosas que no he dicho!

© J. Ignacio Sendón. Alicante, 19 de julio de 2021

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